Dejar de pagar una
tarjeta de crédito en el sistema financiero ecuatoriano desencadena una serie
de penalizaciones económicas, bloqueos en el acceso a nuevos productos
financieros y, de persistir la deuda, procesos de cobro judicial. Según el
portal económico Primicias y directrices normativas del sector financiero, el
retraso afecta de inmediato el historial del usuario y eleva de forma
progresiva el costo de la obligación.
Recargos por mora
y costos de cobranza:
Cuando un
tarjetahabiente incumple con el pago en la fecha de corte establecida, las
entidades financieras y cooperativas aplican tarifas y recargos adicionales
basados en los días de retraso. De acuerdo con los datos recopilados por
Primicias sobre el sistema financiero:
- Entre 1 y 15 días de
atraso, el recargo por morosidad es del 5%.
- De 16 a 30 días de
retraso, el porcentaje asciende al 7%.
- De 31 a 60 días de
retraso, la penalización se ubica en el 9%.
- Con más de 60 días de
atraso, el recargo alcanza el 10%.
Adicionalmente, si la
deuda supera los USD 1.000 y acumula más de 90 días vencida, las entidades
pueden aplicar un cargo administrativo por gestiones de cobranza de USD 50,59.
Según explicaron expertos financieros consultados por Primicias, los intereses
por mora se calculan exclusivamente sobre el capital de la deuda vencida y no
sobre los intereses acumulados, en cumplimiento con la prohibición del
anatocismo en el país.
Impacto en el
historial crediticio y burós:
El retraso se reporta
de manera directa a los burós de información crediticia (como Equifax), lo que
deteriora la puntuación o score del usuario.
El puntaje financiero
disminuye, limitando severamente la capacidad para obtener nuevos créditos
directos, préstamos bancarios o tarjetas.
La información sobre la
morosidad permanece registrada en el sistema. Según detalla el análisis de
normativas de burós de crédito, tras cancelar la totalidad de la deuda, el
historial de atrasos se mantiene visible durante tres años (36 meses) antes de
actualizarse por completo.
Instancias de
cobro y acciones legales:
El proceso de
recuperación de cartera por parte de los bancos evoluciona conforme transcurre
el tiempo:
- Cobranza
extrajudicial: En las primeras
etapas, la institución o agencias externas contactan al deudor mediante
llamadas y notificaciones para buscar acuerdos de pago. Las gestiones de
cobranza y sus costos asociados suelen recaer sobre el cliente, de acuerdo con
el marco contractual.
- Instancias
judiciales: Si la etapa
extrajudicial fracasa, la entidad emisora puede invocar la cláusula de
aceleración de pagos, declarando toda la deuda vencida de inmediato para exigir
el monto total por la vía judicial.
- Bienes e
insolvencia: Si bien en
Ecuador no existe la pena de cárcel por deudas de tarjetas de crédito (al ser
de naturaleza civil), los jueces pueden ordenar el embargo de bienes para un
posterior remate con el fin de cubrir el saldo pendiente. En los casos más
extremos, el deudor puede ser declarado legalmente en insolvencia, un proceso
que limita la administración de bienes y cuya condición puede prolongarse hasta
por 10 años, según advierten especialistas legales.
Qué sabemos y qué
falta por saber?
Lo confirmado: Los porcentajes de recargo por mora según los días de
atraso, la prohibición legal del anatocismo (cobrar intereses sobre intereses),
el tiempo que permanece el registro negativo en el buró de crédito tras pagar
(tres años) y la imposibilidad de ir a prisión por este tipo de deudas civiles.
Lo que falta por
saber: Las políticas internas
específicas de cada entidad bancaria o emisor de tarjetas (como los plazos
exactos en los que deciden iniciar un juicio o las facilidades particulares de
refinanciamiento que ofrecen a cada cliente).
Conoce las consecuencias financieras y legales de no pagar una tarjeta de crédito en Ecuador, desde los recargos por mora hasta el impacto en el buró.
Opinión:
Las tarjetas de crédito son útiles, y a mi juicio en Ecuador nos falta educación financiera para usarlas bien. Es una opinión mía, no una conclusión de las fuentes, aunque hay un dato que invita a reflexionar: según el buró Aval, citado por Expreso, cerca del 53% de los consumos con tarjeta quedan pendientes de pago a junio de 2026.
Lo que sí está documentado y comprobado es lo que ocurre al dejar de pagar. Se cobran intereses por mora, que según la Superintendencia de Bancos y el Banco Central tienen un máximo del 10% y se calculan sobre el capital vencido. El atraso queda registrado en el buró de crédito y puede cerrar el acceso a nuevos créditos. Y, si no hay acuerdo, el banco puede pasar a una cobranza extrajudicial y, después, a una demanda. A eso se suma que el interés máximo del segmento de consumo fue de 16,77% anual en junio de 2026, según el BCE.
Por eso, a mi juicio,
lo prudente es usar la tarjeta solo hasta donde se pueda pagar el saldo
completo y no conformarse con el pago mínimo. Si ya hay atraso, conviene hablar
con el banco para buscar un acuerdo. Esto no es asesoría financiera pero si una
recomendación útil.
